NEUQUÉN (AN).- Unas 18 agrupaciones de profesionales de la provincia presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de reforma fiscal que eliminaron la exención al pago de Ingresos Brutos, beneficio del que gozaban los trabajadores independientes colegiados. Esta reforma junto al incremento de la alícuota de ese impuesto a los grandes contribuyentes hizo que la recaudación aumentara un 60% durante el primer trimestre del año, de $ 456 millones a $ 712 millones.
Las entidades habían hecho pública su oposición al inicio del cobro del impuesto por el que hace dos años debían realizar declaraciones juradas pero con la alícuota cero y se había indicado que se esperaba una recaudación de unos 80 millones de pesos, aunque este diario no pudo recibir una respuesta de cuál es el impacto en estos primeros tres meses.
Las entidades que agrupan a los abogados de Neuquén, Zapala, Chos Malal y Junín de los Andes, a los anestesistas, kinesiólogos, odontólogos, arquitectos, bioquímicos, escribanos, martilleros, veterinarios, psicólogos, farmacéuticos, médicos, contadores, profesionales del turismo auspiciaron la causa caratulada "Asociación Neuquina de Anestesia, Analgesia y Reanimación y otros c/ provincia de Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad", según se informó en el portal de novedades del colegio de abogados de la provincia.
La medida pretende la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 2737 y 2738 en lo que importa gravar con ingresos brutos a la actividad de los profesionales. "Esta es una medida adoptada por los Colegios, Asociaciones, Círculos y Consejos profesionales que en conjunto trabajan en pos del ejercicio diario que sus matriculados y asociados hacen de la profesión que ejercen", se informó.
La acción se presentó el 19 de marzo donde piden que se despache favorablemente una medida cautelar de no innovar y se disponga la inmediata suspensión de la vigencia y los efectos de las disposiciones legales que se cuestionan, y se hizo la reserva del caso federal.
En una solicitada las entidades dijeron que "la actividad profesional no es un acto de comercio, sino el ejercicio de un arte intelectual en el cual no existe fin de lucro" y opinaron que el Estado pretende cobrar un impuesto a los profesionales, "porque sus finanzas lo exigen, porque el mecanismo de la coparticipación nacional no funciona y disminuyen sus ingresos".
Insistieron en que "los servicios profesionales son actividades personales que implican que un individuo brinde su experticia y su tiempo a un tercero que requiere de esos conocimientos, a cambio de una compensación económica".
